Vie. Dic 6th, 2019

Este error podría poner de vuelta a Evo Morales en la presidencia de Bolivia

“El grave decreto de Bolivia desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos”, dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La decisión del gobierno interino de Jeanine Áñez de dar impunidad a los militares es un error. Y por partida doble. No sólo firma un decreto que va en contra de los derechos humanos, sino que contribuye al relato de Evo Morales. Ya no se habla del fraude que obligó al expresidente a dimitir. Ya no se habla de la estrategia de caos con la que trataba de regresar al poder. Ahora se habla de los muertos y de las balas de las Fuerzas Armadas. “Es poco oportuno y además inútil”, dice al diario ALnavío la experta Anna Ayuso.

“El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actué en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.

Esto dice el Artículo 3 del Decreto 4078. Una medida que firmó este domingo la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y que ha sido criticada no sólo por Evo Morales, sino por instituciones de derechos humanos y la comunidad internacional.

“Es poco oportuno y además es inútil”, dice al diario ALnavío la investigadora principal para América Latina del Centro de Relaciones Internacionales de Barcelona, Anna Ayuso.

Poco oportuno porque “resucita” a Evo Morales, señalado de amañar unas elecciones, e inútil porque los militares que actúen en legítima defensa “están ya cubiertos por la ley como causa eximente”.

La analista cree que “el decreto está relacionado con las condenas a militares que se impusieron después de las protestas contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Losada”. Este abandonó el poder y todas las responsabilidades penales por las muertes recayeron sobre las Fuerzas Armadas.

Por su parte, Ernesto Pascual, profesor de Ciencia Política de la Universidad Obrera de Cataluña, sostiene en declaraciones al diario ALnavío que hay un golpe de Estado contra Evo Morales y que ahora el gobierno interino “se está asegurando de las estructuras materiales para concretarlo”.

Críticas por la medida de Jeanine Áñez

“Bolivia estaría violando estándares internacionales de derechos humanos al dar vía libre a las Fuerzas Armadas para actuar en los operativos de restablecimiento del orden interno sin riesgo de tener que responder penalmente por sus actos”, sostuvo Amnistía Internacional.

“Bolivia estaría violando estándares internacionales de derechos humanos al dar vía libre a las Fuerzas Armadas para actuar en los operativos de restablecimiento del orden interno sin riesgo de tener que responder penalmente por sus actos”, agregó Amnistía Internacional.

“El anunciado decreto no se ajusta a los estándares internacionales y en la práctica envía a las fuerzas militares el peligrosísimo mensaje de que tienen carta blanca para cometer abusos. Debe ser retirado urgentemente”, comentó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

“Mientras que las primeras muertes se produjeron como resultado de enfrentamientos violentos entre manifestantes rivales, las más recientes parecen derivar de un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial o militar”, apuntó.

Esta última declaración es clave para entender la situación en Bolivia. Es claro que Jeanine Áñez cometió un error al firmar este decreto. Un doble error. Porque no sólo atenta contra la integridad de su pueblo, sino que también da alas a Evo Morales, autor de un fraude electoral y exiliado en Bolivia por ese mismo motivo.

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Ahora el expresidente se reivindica. Se muestra como pacificador. “Hasta el domingo -dimitió el domingo 10 de noviembre- ni un muerto por herida de bala por parte de las Fuerzas Armadas. Ahora hay 10 muertos”, repite Evo Morales en las entrevistas a la prensa internacional.

Las cifras oficiales hablan de nueve muertos por heridas de bala: nueve cocaleros que se enfrentaron a los militares y a la policía.

Pero antes también hubo muertos. Y no por disparos. Sino por enfrentamientos violentos entre unos y otros. “Tenemos información de que al menos 17 personas han fallecido en el contexto de las protestas, incluidas 14 sólo en los últimos seis días”, recordó Michelle Bachelet. De esas 14, cinco habrían sido a manos de militares, detalló.

¿Pero qué pasa con el resto?

Las protestas en Bolivia comenzaron el 20 de octubre, cuando el Tribunal Supremo Electoral suspendió el conteo de los votos. Entonces el opositor Carlos Mesa convocó manifestaciones pacíficas contra Evo Morales, advirtiendo de antemano que condenaría cualquier tipo de violencia.

En paralelo a esos llamados, grupos afines al expresidente salieron a la calle “a desbloquear”. Desbloquear era un eufemismo. Las acciones de desbloqueo eran arremetidas contra los protestantes. Ataques a los manifestantes mientras portaban palos y piedras, lo cual desencadenó una serie de batallas campales en las que uno y otro bando se golpeaban hasta la muerte.

Mientras, en La Paz, Evo Morales, cuando todavía era presidente, se rodeó de movimientos afines para protegerse, como por ejemplo los mineros. Estos marchaban por las calles reventando cartuchos de dinamita. Según ellos, para defender la paz.

AlNavio

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